Dos años y cuatro meses después de que el caso Gürtel volviera al Juzgado Central de Instrucción número 5 procedente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juez Pablo Ruz, al frente del primero, ha cerrado la primera pieza del macroproceso que acaba de superar –lo hizo el pasado agosto– un lustro de vida.
La parte concluida ayer no es de especial complejidad ni volumen, pero en la Audiencia Nacional se asegura que se ha iniciado la cuenta atrás hacia el fin de la instrucción, que Ruz quiere tener terminada –en un pronóstico que podría calificarse de optimista, a la luz de la experiencia– antes de que concluya este año.
El instructor ha cerrado la pieza que inició el TSJM en marzo de 2010 para resolver el incidente de nulidad motivado por las escuchas ilegales acordadas por el primer instructor del proceso. Tras encarcelar en febrero de 2009 a los tres principales imputados –Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez–, el ex juez Baltasar Garzón decidió intervenir las entrevistas que celebraban en los locutorios de la prisión con sus abogados.
Fue una decisión que le costó la carrera judicial al propio Garzón, condenado por el Tribunal Supremo por prevaricación y por vulneración de las garantías constitucionales, pero que además proporcionó a las defensas la artillería de una posible nulidad de la instrucción. Pese a que Ruz ha avalado la investigación dejando incólumes todas las diligencias y su resultado –tal como pretendía la Fiscalía Anticorrupción–, la sombra de la nulidad seguirá amenazando el caso Gürtel hasta el propio juicio oral, ya que las defensas insistirán en la contaminación de la instrucción a consecuencia del espionaje que el instructor, con el aval de las fiscales Myriam Segura y Concepción Sabadell, llevó a cabo sobre los imputados y sus defensores.
Ruz recuerda que las escuchas realizadas por Garzón, declaradas ilícitas y dejadas sin efecto por el TSJM, «no se encuentran acordadas en el origen o momento inicial de incoación de las actuaciones».
Antes de esas ilícitas escuchas hubo «diligencias variadas de investigación tales como intervenciones telefónicas, entradas y registros domiciliarios con incautación de vasto material». Considera, por ello, que «carece de todo fundamento y sustento la pretensión de algunas defensas de que sea declarada la nulidad de la totalidad de la instrucción, toda vez que difícilmente podrá argumentarse la existencia de una relación o conexión de causalidad entre las intervenciones de las comunicaciones en prisión declaradas ilícitas y el amplio conjunto de diligencias y actuaciones practicadas en fecha anterior».
La única actuación directamente derivada de las escuchas cuya nulidad declara el instructor es el registro practicado en las celdas de los imputados, donde se esperaba encontrar los folios en los que escribían mensajes a sus defensores al sospechar que eran espiados. El resultado del registro fue negativo, por lo que ninguna consecuencia práctica tiene su declaración de nulidad.
Ruz no aborda en el auto las alegaciones de José Antonio Choclán, defensor de Correa, que, desde una perspectiva diferente a la de la tradicional relación de causalidad, sostiene que las intervenciones de Garzón tiñeron de nulidad el caso Gürtel porque, aunque las pruebas (destacadamente, un pendrive con la contabilidad del grupo) fueran obtenidas con anterioridad, los imputados asumieron ante sus defensores su relación con ellas y eso ha sido conocido por las acusaciones gracias a las escuchas ilegales.